Violencia y Control Social

El doce de Diciembre del año 2000 una horrible tragedia despertó de los anaqueles punitivos un tema que se encontraba esperando un momento de rating para emerger, mueren siete personas, aunque los medios se esforzaran por llamarlos reos e incluso delincuentes, mueren calcinados a la vista paciente, cómplice y sádica de los funcionarios de Gendarmería que los custodian. Ellos eran jóvenes que no habían matado a nadie y que incluso a cuatro de ellos no se les había probado ningún cargo en su contra y por ende, según los hoy tan de moda Derechos Humanos, murieron presos e inocentes, lo que no impidió que llevaran en promedio presos mas de un año. En el caso de los condenados (3) en total cumplían condenas de dieciocho años (uno de ellos tenía veinte y el otro veintitrés años de edad), es decir de seis años cada uno sin que entre todos ellos se hubiera causado una víctima herida, muerta o violada, delitos en que solo se trató de conseguir un sustento ilegal algo a lo cual en círculos empresariales se le llamaría competencia dentro del mercado. En una celda vivían sesenta personas, y completamente encerrados pernoctaban. Utilizaban cocinillas a parafina pues es la única manera de procurarse comida, y los gendarmenes, obligados por ley a custodiarlos noche y día, incluso cuando todos duermen y no se escucha un solo ruido en la noche, los descuidaron tanto que permitieron que se quemaran encerrados por cuarenta minutos.

Pero no fue la irracional respuesta social de la cárcel el tema despertado, al menos por la opinión publicada, ni la brutalidad de encerrar inocentes, ni de que éstos carezcan de posibilidades de ser defendidos adecuadamente, ni de la desproporción a que criminales como Juan Pablo Dávila, Pedro Espinoza y Feliciano Palma caminen libremente por las calles cumpliendo todos en promedio, un presidio menor que el que estaban purgando estos pobres ladronzuelos de chucherías que quedaron carbonizados y en letras de titulares inmortalizados como delincuentes, como los delincuentes, como los enemigos de la sociedad. Como si no fuera peor matar a personas, construir viviendas de mala calidad, autoindemizarse, privatizar y enriquecerse, sacarle el dinero ahorrado a los jubilados, cobrarle a los jovenes para que se eduquen y con ellos se integren al sistema que dice ser de todos y para todos. Tampoco emergió una indignación nacional a que se investigue cómo seres humanos, en un país que dice respetar los derechos humanos, es posible que se quemen durante cuarenta minutos sin que las autoridades no se preocupen siquiera de llamar a los bomberos. La respuesta es fácil, eran delincuentes, lo que les pasó era lo que se merecían; ello sin importar que técnicamente solo el cuarenta por ciento de ellos era delincuente y el resto legalmente inocente.

Las autoridades corrieron según las ordenes de los empresarios y señalaron que tal genocidio, que tal espectáculo bárbaro y anacrónico cual es la cárcel, no podía seguir siendo monopolizado por el estado, que era necesario que los empresarios no solo fueran cómplices de que en Chile existan más de 37.000.- personas presas más loqueros y orfelinatos, sino que pudieran lucrar con ello de manera de hacer el genocidio más civilizado.

En éste sentido se toma como ejemplo a los Estados Unidos siendo que para un Recién nacido norteamericano la posibilidad de vivir alguna parte de su vida encerrado en un campo correccional es una entre veinte; para los afroamericanos1 una entre cuatro. Entonces se señala que se deben privatizar las cárceles (su construcción y su gestión) sin importar que al transformarse en un negocio - en los EEUU es el segundo más rentable luego de los sofwares - no solo se entra en el riesgo de que el tráfico de influencias persiga un aumento en las penas a fin de que cada interno purge más tiempo y con ello contribuya al hacinamiento, sino que significa privatizar el motivo por el cual existe el Estado, ya al haberse desentendido de la Seguridad Social y la Educación, solo le queda el monopolio de la violencia como fuente de legitimación.

En el país del norte ha sido tan buen negocio las cárceles que en los últimos treinta años se han aumentado las penas para todos los delitos - sobretodo los de narcotráfico - se han creado aberraciones como el de los la tercera es la vencida (que se ha propuesto seriamente en Chile), y el estado norteamericano ha dejado de invertir en seguridad social en la misma proporción que ha aumentado sus gastos en policías y cárceles. Ello ha traído como consecuencia que sin importar cuan en picada caiga la criminalidad, los E.E.U.U tendrán que agregar, cada semana una nueva cárcel con mil camas, probablemente por una década.

Se utiliza como ejemplo a los Estados Unidos y ellos tienen al igual que nosotros un alza en la población carcelaria anual de un diez por ciento y sus tasas de criminalidad se han mantenido estables por veinte años.

Una explicación racional a éste problema la da Loïc Wacquant, el señala en su libro "Las Cárceles de la Miseria". El nuevo orden globalizado neoliberal produce cada vez más excedentes, sendos grupos de marginados a los cuales la sociedad en ningún caso pretende insertar, no caben. La producción a gran escala cada vez requiere de menos mano de obra y el 60% de los hoy empleados lo están en empresas de servicio. Estos trabajos en servicio no requieren especialización y por ende, cada trabajador puede ser sustituido sin problemas si no hay leyes laborales. La profundización del sistema neoliberal ha causado que se eliminen las trabas a la libre competencia y con ello se abolieran las normas laborales conquistadas con décadas de lucha, al no haber oposición sindicatos, por estar la mayor cantidad de asalariados trabajando sin contrato, sin especializaciones y con dos dígitos de desempleados amenazando. Este clima baja los salarios y los empresarios consiguen que la mano de obra se venda al mínimo mientras se explota al máximo, con ello los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Esto unido a la tecnologización de los sistemas productivos permite que el sistema económico cada vez necesite de menos personas para seguir creciendo. Este fenómeno como lo señala Tourain, consigue que en el primer mundo quede excluido un diez por ciento de la población y el tercer mundo el noventa por ciento. ¿Qué hacer con todos esos pobres que como decía Malthus, crecen geométricamente?, una respuesta la dio el Kenesianismo, integrando a esas personas al trabajo, dando seguridad en el empleo, acceso a la seguridad social, a la educación, dando derecho al capitalismo. Al caer el muro de Berlín y con ello la amenaza soviética, ya no es necesario estar bien con el pueblo en ésta nueva sociedad global capitalista, por ello se elimina el Estado benefactor en el primer mundo y se cambia el paradigma de Estado providencia a Estado penitencia, o de estado maternalista a uno paternalista. Así en los EEUU, Wacquant sostiene que la represión penal sustituyó a la seguridad social, la cárcel sustituyó a la vivienda básica y el alimento que en ella le dan a los internos al salario mínimo. Junto con ello, al "sacar de circulación" a sendos grupos de varones jóvenes y en especial afroamericanos, han conseguido mantener a raya la cesantía, puesto que los presos no ingresan a las estadísticas como población desocupada. Recordemos que en dicho país ya se llegó a la escandalosa cifra de dos millones de personas presas. Esto es coetáneo a la privatización del sistema represivo tanto en la venta de armas, prestación de seguridad y hasta la construcción y gobernación de cárceles.

Con todo, el pensamiento de Wacquant no es posible importarlo a Chile sin previamente aplicar la siguiente corrección monetaria: Primero, la unidad de análisis de Wacquant es muy limitada (el barrio, la ciudad, Estados Unidos, Europa) lo que impide observar de qué manera éste cambio del estado del primer mundo se relaciona con lo que sucede en el Sistema Mundo; Segundo, la relación raza- marginación en Chile adquiere formas muy distintas a los Estados Unidos (Los Afroamericanos) o Francia (Argelinos o Norafricanos) centrándose acá en pueblos originarios y no inmigrantes (al menos la inmigración Peruana o Boliviana no ha tenido las magnitudes de las olas migratorias primermundistas), el factor racial de todas formas constituye una excusa para discriminar a través del fenotipo ya que cualquier argumento racista hoy se encuentra completamente desacreditado debido a los últimos estudios genéticos y atropológicos; Tercero, en Chile no es posible observar el tránsito de Estado de providencia a Estado Penitencia ya que Chile no tuvo un Welfare o éste fue muy disimil a lo ocurrido en el primer mundo. El desempleo tampoco es producto de la desindustrialización sino que de una industrialización inacabada; La última prevención es que no se puede verificar éste modelo explicativo en nuestro país no por que no exista la guetificación sino por que en Chile la delincuencia se ha mantenido estable en los últimos veinte años y no ha aumentado la violencia en los ilícitos (se ha mantenido estable la tasa de homicidios que dicho sea de paso es la más baja de Latinoamérica y cinco veces menor al promedio regional) pero es interesante observar que los niveles de miedo a la delincuencia de
parte de la población son comparables a los de las ciudades más violentas de América y que la población penal se haya triplicado en dos décadas. Lo anterior se encuentra ligado a un crecimiento sostenido de la economía, aumento de la brecha entre ricos y pobres y una deseguritización social. En fin, Wacquant se ha convertido en una lectura indispensable en éstos momentos de Insegurización Ciudadana, más aún cuando en Chile nos encontramos con una privatización carcelaria en ciernes.

La empresa Waquenhut, es la controladora de éste negocio en los EEUU y ya tiene instaladas cárceles en Inglaterra y Australia. En Abril de 1994 organizó en Santiago un Seminario que patrocinó Paz Ciudadana y la Fundación Libertad y Desarrollo, en el se señaló como la panacea al problema de la seguridad ciudadana (cabe señalar que en ese momento paz ciudadana aún no realizaba ningún seminario de diagnóstico sobre la Seguridad Ciudadana en Chile, eso recién fue en 1995) la construcción de cárceles privadas.

Mucho dinero hay detrás para conseguir el monopolio natural del sufrimiento, por ello es que se las Cárceles hoy se venden como instituciones capitales de la civilización cuando el terminar con ellas sería el primer paso para una sociedad civilizada.

Hace dos siglos y medio que Cesare Beccaria escribió su célebre tratado "Del delito y de las penas", y señalaba que era imposible privar de la libertad a quien atentara contra la propiedad pues se trataban de derechos de una entidad distinta, hoy no solo está encallecida nuestra sensibilidad, utilizando sus dichos, sino que está tan asentado que la propiedad es el derecho más importante de la sociedad que más del noventa por ciento de las personas presas lo están por ese motivo, de ellos a su vez, el noventa por ciento es de escasos recursos económicos. Ahora los empresarios quieren cobrar por tener presos a aquellos que les roban una radio o una billetera, cobrarle al Estado. Este en vez de invertir en Salud y Educación dirigirá esos fondos nuevamente hacia arriba aumentando la brecha, con ello la acumulación de capital, con ello la pobreza, con ello la represión penal, con ello los presos...

El problema del hacinamiento carcelario no está dado por el aumento de los delitos sino por el aumento de las detenciones, de la mano dura policial y judicial, de la intolerancia y la mantención de presos sin condenas. Estamos cosechando lo que ha sembrado Orpis y Espina, María Pía Guzmán, Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo, COPESA, El Mercurio y el Gobierno durante toda la década anterior. Ellos llamaron a la mano dura, a la eficiencia, al no dejar nada impune, a vigilarlo y controlarlo todo para esconder con un dedo el sol de la pobreza. En Chile no ha aumentado la delincuencia en la última década pero ya mucho se ha lucrado manteniendo este engaño y paradojalmente en la misma proporción en que ha aumentado el hacinamiento carcelario ha aumentado la brecha entre ricos y pobres.

Es la pobreza la que se intenta ocultar señalando a la delincuencia como un problema, y peor aún como un problema solucionable reprimiendo; hoy luego que se resolviera el primer plan quinquenal de Paz Ciudadana para concluir con la Revolución Silenciosa de la Reforma Procesal Penal, el tema que seguía era el de la privatización del Sistema Carcelario. Una tragedia que debería habernos hecho pensar sobre la brutalidad del sistema carcelario, ha servido para que el Ministro Gómez, lo utilizara como viento en la espalda para avisar a un mes del lamentable hecho, que tal brutalidad llamada Cárcel quedará a merced de la aún más brutal mano invisible. Que falta de respeto, aún se siente el olor a muerto y el gobierno anuncia que la represión más brutal dentro del Estado la va a ejercer un sector que dice querer poner fin a la pobreza y solo se preocupa de teletones y mediagüitas. Tengan por seguro que si aceptamos tal descalabro será COPEVA o una empresa equivalente quien postule a la licitación para construir los penales y Waquenhut contratará aex CNI y DINA de alcaides. Si les vamos a dar más pistolas a los monos no nos quejemos después de que vivimos en la selva.

1 Ver Löic Wacquant, Las Cárceles de la Miseria. Editorial Manantial, Buenos Aires, año 2000.

¿Cuánto Vale la Vida de los Flaites?

Vivimos en un Estado de Derecho, que duda cabe. Somos todos iguales ante la ley: Gobernantes y gobernados; patrones y obreros; policías y ladrones; rostros y teleauditores; presos y carceleros; etc.

Al menos en la ley somos iguales.

La pregunta es entonces de qué nos sirve que seamos todos iguales ante la ley.

Ocho niños calcinados en Puerto Montt y otros tantos agonizan luego del incendio del centro "Tiempo de Crecer" (COT de Puerto Montt) eufemismo con el cual nuestro gobierno ha denominado las Cárceles para Niños.

Incumpliendo todos y cada uno de los convenios Internacionales sobre DDHH, nuestro Estado ha decidido encarcelar a menores de edad, niños pobres que se encuentran en indefención, en el más evidente Estado de Necesidad. Niños que no han tenido una familia - núcleo esencial de nuestra sociedad según la Constitución - que no han tenido educación, que han sido expuestos a toda la violencia posible a sus tiernos años. El Estado en vez que acogerlos e intentar suplir el carente afecto que los hace luchar en contra de todo, los encarcela y peor, los quema.

¿Dónde están los colchones incombustibles? ¿En qué campaña política se gastaron los dineros destinados a apresarlos "adecuadamente"?

Sin duda, racionalidad no vamos a encontrar en este caso.

Llegarán las respuestas oficiales y con ellas nos convenceremos. Llorarán veinte segundos las madres de los niños en horario Prime y con ello asunto terminado. Como las muertes de hace algunos años en Iquique, quedarán impunes.

La vida de un Carabinero vale homenajes y arengas; la vida de estos flaites amerita apenas un "Sumario Administrativo".

Sin embargo todos somos iguales. Nuestra Presidenta dirá que su gobierno es una mierda a causa de su útero mientras celebra el ingreso de Chile a la Comisión de DDHH de la ONU.

Mientras la caridad militarizada Chilena juega al gatillo fácil el Haití, y todos los días mueren obreros en distintos accidentes evitables, la muerte de un Carabinero (y que quede claro, lo más probable que en manos de unos uniformados) hacen clamar a todos por mano dura.

Como si encerrar y quemar a ocho niños fuera tener mano blanda.

Comentarios.

Julio Cortés:

En materia de DDHH la CIDH ha llegado a decir algunas cosas. Pero desde el MINJU las ignoran totalmente y ya están diciendo que el incendio fue "responsabilidad de los menores". Observa estos extractos del fallo contra Paraguay por las muertes de niños internos en el caso "Panchito López":
142 f) (alegatos del Estado) no corresponde al Estado asumir la responsabilidad ante hechos ocasionados por individuos que se constituyen en presuntas víctimas y presuntos victimarios, más aún mediando culpa o dolo. Por tanto, sería “injusto” indemnizar a los ex internos del Pabellón No. 8 y sus familiares, ya que uno o varios de dichos adolescentes, fue o fueron los causantes del incendio “con premeditación y alevosía”.
(Consideraciones de la Corte)
152. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia . De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
160. En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, como ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño . Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión (supra párr. 159).
162. En íntima relación con la calidad de vida, están las obligaciones del Estado en materia de integridad personal de niños privados de libertad. La calificación de penas o tratos como crueles, inhumanos o degradantes debe considerar necesariamente la calidad de niños de los afectados por ellos .
177. Ahora bien, la Corte observa que el Estado, además de no crear las condiciones y tomar las medidas necesarias para que los internos del Instituto tuvieran y desarrollaran una vida digna mientras se encontraban privados de libertad y además de no cumplir con sus obligaciones complementarias respecto de los niños, mantuvo al Instituto en condiciones tales que posibilitó que se produjeran los incendios y que éstos tuvieran terribles consecuencias para los internos, a pesar de las diversas advertencias y recomendaciones dadas por organismos internacionales y no gubernamentales respecto del peligro que esas condiciones entrañaban.
178. En este sentido, de los hechos probados (supra párr. 134.32) se advierte que el Estado no había tomado las prevenciones suficientes para enfrentar la posibilidad de un incendio en el Instituto, ya que éste originalmente no fue pensado como un centro de reclusión y, por consiguiente, no contaba con la implementación de todas las medidas de seguridad, evacuación y emergencia necesarias para un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, no contaba con alarmas ni extintores de incendio y los guardias no tenían preparación para enfrentar situaciones de emergencia. Valga recordar lo indicado por la Corte en el sentido de que el Estado, en su función de garante, “debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas” que podrían poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en su custodia.
179. En atención a lo anterior, la Corte concluye que la falta de prevención del Estado, que llevó a la muerte a varios de los internos – y que fue, si no para todos, para muchos de ellos particularmente traumática y dolorosa, ya que la pérdida de la vida se produjo por asfixia o por quemaduras, prolongándose la agonía para algunos por varios días – equivale a una negligencia grave que lo hace responsable de la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y respecto de los niños, leído también a la luz del artículo 19 de la misma Convención, en perjuicio de los internos mencionados.
184. Como se destacó anteriormente, este Tribunal considera que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los internos localizados en establecimientos de detención (supra párr. 151). Por tanto, independientemente de que ningún agente estatal fue aparentemente el responsable directo de las muertes de los dos niños en la penitenciaría de Emboscada, el Estado tenía el deber de crear las condiciones necesarias para evitar al máximo riñas entre los internos, lo que el Estado no hizo, por lo cual incurrió en responsabilidad internacional por la privación de la vida de los niños Richard Daniel Martínez y Héctor Ramón Vázquez, configurándose de este modo una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma.