Violencia y Control Social

La Vigencia de la Ley del Embudo.

Cuando comenzó el gobierno de Bachelet, ella se impuso el cumplimiento de algunas medidas urgentes. La principal de ellas era obtener la aprobación de una Ley de Subcontratación. Lo medular de esta normativa era restringir el abuso que existe en nuestro país al tener a la mayoría de sus trabajadores contratados para empleadores distintos a los reales, pero en ningún caso se propuso terminar con esta práctica. La Ley no prohibe la Subcontratación, sólo la regula.

¿Pero porqué se necesitaba una nueva Ley para solucionar el problema? Muchos Abogados se prestaron para argumentar que la Ley era Indispensable y fueron los trabajadores mediante la CUT quienes apoyaron su promulgación públicamente. Los representantes de la izquierda también aplaudieron la medida y por ello se vislumbraba un idilio entre la Presidenta y sus naturales opositores. El romance duró poco gracias a las movilizaciones de los pingüinos, pero la ley quedó, y ningún empresario de verdad quebró por ella: Sólo quebraron las "empresas de papel" que habían sido fabricadas para eludir el pago impuestos, destruir las organizaciones sindicales y robarle los fondos previsionales a los trabajadores.

Se argumentó que esta Ley se necesitaba para terminar con estas prácticas pero la ley anterior resolvía el punto con claridad: Lo que faltaba era y es que la autoridad administrativa se tomara y se tome el trabajo de fiscalizarla.

La nueva ley entonces, no llegó a aclarar ningún punto oscuro ni tampoco se preocupó de resolver el problema central que transforma cualquier ley laboral en letra muerta: La connivencia entre el Gobierno y el Empresariado.

¿Qué se proponía Bachelet entonces? Visto hoy la respuesta se simplifica: Ganar tiempo.

Pero además del respiro consiguió sacralizar la subcontratación, permitiéndola en más casos de que cumpliéramos el Código Laboral en su letra,

La pregunta odiosa es entonces, qué se proponía la CUT el PC y toda la sarta de "compañeros" que aplaudió la medida.

Junto con la subcontratación el segundo mayor problema de nuestro sistema laboral es el "boleteo": Es la forma en que se contrata a los Subempleados.

He escuchado a tantos que me han dicho: "No, yo no estoy contratado, estoy boleteando". Desde luego que esa frase resume la experiencia de muchos y grafica elocuentemente el nivel de la educación en nuestro país y en especial de la educación cívica y política.

Nuestro código laboral, redactado en lo fundamental en las grandes reformas económicas de fines de los setenta y principios de los ochenta, dejó establecida la Primacía de la Realidad en el Derecho Laboral. Dicho a lo tinterillo: Las Cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Mientras en el Derecho Civil la forma se transforma en sustancia, en el Derecho laboral la Sustancia debe ser la forma y ello implica que existiendo una relación de subordinación y dependencia entre dos sujetos, existe una relación jurídica llamada Contrato de trabajo. El mismo Código, Pinochetista, detalla las características de esa relación señalando entre otras características que quien da las ordenes es el empleador y quien las recibe el empleado NO QUIEN EXTIENDE EL CHEQUE, NI QUIEN APARECE MENCIONADO EN EL CONTRADO COMO EMPLEADOR. Y ya que las boletas de honorarios fueron diseñadas para los Abogados y los Médicos cuando trabajan como profesionales liberales, existe contrato de trabajo en TODOS LOS DEMÁS BOLETEOS como asimismo connivencia del Servicio de Impuestos Internos que permite que cualquier pobre diablo pueda iniciar actividades y de este modo producir millones de microfraudes tributarios y un dantesco fraude previsional y laboral.

Si el gobierno quisiera terminar con estas prácticas no necesita de la redacción de ninguna ley tan sólo de la aplicación de las existentes. Si Bachelet quería terminar con la subcontratación debía haber clausurado todos los Supermercados Líder, Jumbo, etc, los Sodimac, los Easy, los Fallabella y los Ripley y de paso CODELCO por tener a la mayoría de sus trabajadores Subcontratados y o Subempleados.

Si quiere terminar con los Boleteos, basta que exijan un título profesional que permita el ejercicio de una profesión liberal y el capital suficiente para poder desempeñarla para poder Iniciar Actividades extendiendo boletas de honorarios y negarla en los demás casos. El código del trabajo permite contratos de tiempo parcial y convenios por metas, etc. La economía del país no depende de la deliberada y flagrante violación de nuestras normas laborales; es posible que coexista el mismo sistema capitalista sin necesidad de pintarle la cara a los trabajadores. Los que hablan de flexibilidad laboral en nuestro tienen un concepto Romano Imperial de la mano de obra; nuestras leyes laborales ya son exorbitantes liberales y sin embargo no se respetan.

Es tan simple entonces terminar con los Subempleados y los Subcontratados que hay que ser desmesuradamente cínico o hipócrita para hablar de los TRABAJADORES, así con mayúscula y en voz alta. Sólo basta fiscalizar y sancionar. Incluso el aviso y un par de chivos expiatorios bastarían para que la ley se tome en serio.

Qué decir de aquellos que aún piensan, o dicen que piensan, que el gobierno tiene algún interés en los trabajadores distinto a apuntarlo con armas de fuego mientras se les chupa la sangre. Sólo les diré que el peor empleador que tiene nuestro país es el Estado. Y eso sí que es un escándalo en un país en que se trata como a la soberana callampa a sus trabajadores.

El Estado Chileno tiene subcontratado a la mitad de su personal y a la otra subempleado. Se descuentan de ellos a la docena de apitutados y apoltronados que hoy figuran como funcionarios de planta. Si eso fuera poco le chupa la sangre a miles de alumnos en práctica a quienes tiene trabajando por meses a cambio de una recomendación y un candy, lo que en el caso de los Postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial (tortura que por mandato legal deben soportar todos quienes deseen ser Abogados) se reduce a un "para la próxima te sanciono" y una patá en la raja.

º º º

Los trabajadores de CODELCO han dado un paso decisivo que los coloca a una distancia sideral de las reivindicaciones sociales de los últimos 17 años. No piden una nueva ley sino que la aplicación de la existente. Que el discurso del Estado se transforme en su voluntad; una ganga de coherencia.

Los altos precios del Cobre han sido el alimento, pero los trabajadores de planta no han optado esta vez por consolidar su posición de Aristocracia Obrera reclamando para sí la bonanza: Se han acordado de aquellos que sudan lo mismo, tragan el mismo polvo y sufren la distancia de los suyos por tres veces menos plata que ellos.

Lo que están reclamando es el fin del feudalismo en Chile, la instauración de la modernidad.

El Ancien Régimen se definía por el sistema jurídico de estatutos, es decir, privilegios: Diversos sistemas jurídicos paralelos que rigen la vida a distintos estamentos de la población. El feudalismo asumía que existían personas de mayor y menor categoría y cada estrato tenía sus normas, tal cual en Chile en la práctica, pero nadie andaba con la cantinela de que eramos todos iguales.

Aquí se nos dijo de pronto, sin que pasara absolutamente nada, que eramos libres e iguales, que eramos una nación independiente y todas esas pelotudeces pero aquí no se cortaron cabezas ni se quemaron curas: Aquí la Historía se ha fabricado en los escritorios de los Historiadores que se han dedicado a coleccionar decretos con una compulsión filatélica.

Y sería bueno ya que la Historia la empiece a escribir el pueblo llano en el camino a la superación de la sociedad estamental en que vivimos, la exigencia de una igualdad política básica y no un mero regateo de o dentro de privilegios.

Y ojalá que la quema de los Buses de anteayer se recuerde algún día como la toma de la Bastilla.

Aunque estemos muy lejos de eso todavía, soñar no es gratis pero sigue siendo más barato y gratificante que otros vicios.

Aunque la tarea del sistema judicial no tenga nada que ver con la Justicia aún así se lo legitima recurriendo a ella. De parte de la ciudadanía existe la íntima convicción de que las leyes y la aplicación de ésta debe tener un resultado justo, es más, que es posible concluir en cada caso con una sola decisión justa.

El problema es que la Justicia no sólo está relacionada con los distintos sistemas morales que se toleran dentro de una sociedad pluralista sino que con los distintos sistemas de intereses, bastante más prosaicos que lo que admiten las normas jurídicas y morales, de los cuales depende el Estado de Derecho en todos los sitios que consideramos medianamente civilizados.

Por lo dicho no es tan relevante la pregunta de que si un tribunal hizo o no justicia en tal caso sino la interrogantes de para quién la hizo.

Desde luego que casi toda el agua disponible va directo al molino de los intereses dominantes de la sociedad: El sistema criminal por ejemplo, permite controlar la fuerza de trabajo sea por regular la cantidad de trabajadores disponibles, como por sus posibilidades de extorsionar a los pobres aún no criminalizados con el infierno si es que se resisten a que se les explote.

Pero son más bonitas las leyes que la cruda realidad, y los grandes titulares morales más bellos que ambos. Y esa belleza, y la vehemencia de sus promotores, la que permite la venta y la reventa de esos artículos tan superfluos.

La discusión de hoy es sobre los Jueces que liberan a cuanto delincuente llega a sus audiencias.

Todo surge en un cuestionable operativo policial en el cual se privilegió más el interés de Harry el sucio que lleva todo Paco por dentro que la protección de la víctima.

El "delincuente" fue dejado en libertad provisional ya que toda persona debe estar libre mientras no exista sentencia definitiva, salvo que asistan razones gravísimas para aprisionarlo preventivamente.

El Juez estimó que el "delincuente" había actuado en Estado de Necesidad ante el legítimo temor de ser detenido por Carabineros tras ser sorprendido a bordo de una motocicleta encargada por robo.

El escándalo se produjo a posteriori: El "delincuente" había dado un nombre falso (el de su hermano) y había sido reconocido por Investigaciones como un prófugo por distintos delitos entre los cuales se cuenta un homicidio.

Los hipócritas de siempre se lanzaron en bandada en contra del Juez y de los Jueces: Entre los escandalizados de última hora se cuenta el mismo gobierno que en el uso de no se qué facultades se siente con la obligación de reprender al poder judicial.

Los Jueces deciden con la información que tienen disponible y quien tiene la obligación de presentarle los elementos suficientes para la condena es el Ministerior Público más conocido como la Fiscalía.

Lo que querían los hipócritas y escandalizados ad hoc es que los jueces sean capaces de tener un olfato político y mediático, similar al de ellos, que les permita seleccionar los hechos periodísticos más relevantes y cuidarse de dejar presos a los actores mientras la noticia es olvidada por la prensa.

Desde luego que tales destrezas exceden las posibilidades formativas con que disponen los jueces además de no ser deseables tales habilidades en ellos.

La discusión que emerge es la de la eficiencia del sistema judicial y en especial el de persecución penal. Esta eficiencia es comprendida por los tecnócratas como la capacidad del sistema de persecusión de meter presos a todos quienes cometan delitos en nuestro país mientras tanto no se trate de delitos cometidos por tecnócratas.

Pero nuestras normas penales al ser draconianas e inumerables, si llegan a ser aplicadas en su totalidad habría que asignar unas cuantas regiones del país a los delincuentes y quedarse los "ciudadanos honestos" en las restantes.

Es porque nuestras normas no castigan los hechos más graves sino que cualquier lesión por trivial que sea a las suceptibilidades de la clase dominante.

Entonces surgen los tecnócratas renovados: Andrés Baytelman, quien cree que el mundo es un juego de rol, desde su tribuna de Gerente de Paz Ciudadana alerta sobre la ineficiencia del sistema penal y logra poner de relieve tres situaciones que posibilitan tal ineficiencia: La escasa y deficiente formación de los jueces; los deficientes sistemas de información que disponen los jueces para resolver; y los tecnicismos que utilizan los jueces para dejar en libertad a los imputados.

Creo innecesario referirme a la primera por la obviedad pero el caso de la segunda es diferente: El Nuevo Sistema de Justicia Penal, vigente en Santiago hace un par de años, dispone de todos esas computadoras que carecen los colegios públicos sin embargo, los usan de igual modo como a los expedientes que se cosían y pegaban años atrás. Basten dos ejemplos:

No existe el concepto de "firma digital", y todas las peticiones que necesariamente se deben tramitar administrativamente son ingresadas en papel, y para justificar las computadoras, esos papeles se escanean. Eso impide que se tramiten digitalmente tales peticiones y de lugar a la típica tinterillada de los pasillos de los viejos tribunales: Funcionaruchos dedicados a tareas inútiles y a cobrar el sueldo.

Consecuencia de lo anterior es que los tribunales no disponen en línea de la información de las policías, del registro civil; y la fiscalía y defensa tampoco disponen de la información que se produce en los tribunales directamente: En los nuevos tribunales tienen a funcionarios dedicados en forma exclusiva a llamar por teléfono y recepcionar los documentos que les expiden los policías y el registro civil (al ser recepcionados estos son escaneados por otros funcionarios y cosidos en los nuevos expedientes digitales) y otros, dedicados a enviar correspondencia electrónica personalizada a los fiscales, defensores y querellantes, en vez que estos accedan a la información desde la web.

Es que el uso de las computadoras es muy distinto a la digitalización.

El tercer punto puesto de relieve por Baytelman es menos técnico que los anteriores: El Gerente de Paz Ciudadana dice que los jueces dejan en libertad a los imputados usando tecnicismos.

Lo grave sería que se los dejara presos por tecnicismos.

En este caso el tecnicismo es un medio de defensa frente a una persecución criminal excesiva preocupada de repletar las nuevas cárceles concesionadas.

Obstante estos problemas, el que el "delincuente" de ocasión no haya sido identificado en la audiencia no es error de los tribunales sino que de la Fiscalía: Son ellos quienes deben proveer tal información.

Y la policía de investigaciones al actuar a destiempo ha producido más daño que al no haber actuado: Qué sentido tiene que su CSI completo identifique a un imputado cuando ya está libre.

El "delincuente" se le escapó a la Fiscalía por la negligencia de la policía y de ellos mismos.

Pero esto va a llevar que se presente un nuevo proyecto de ley que exija que el juez subsane el error de éstos cuestión que destruye toda noción de imparcialidad del tribunal.

En un país en que se tiene la mayor cantidad de presos por habitantes después de nuestros profesores (EEUU) todos se escandalizan por que uno está libre.

La reforma comenzó a regir contrarreformada y a éste paso le quedan a lo sumo unos cinco años para que volvamos al juez de Condorito metiendo presos a los ladrones de gallinas luego de escarmentarlos moralmente.

El Dilema de las Quince Lucas.

El éxito supuesto de la Concertación en la reducción de la pobreza, presentado con fanfarrias por la Ministra Hardy y la Presidenta para afirmar al gobierno, ha producido una rica discusión en la cual casi todos los sectores han opinado pero sólo dos opiniones han sido presentadas como válidas ya que son técnicas y o técnicas por que son válidas. Las posiciones técnico-validas son las del gobierno, por una parte, que utiliza el mismo modelo de medición diseñado por el ODEPLAN de Pinochet, y la de un economista asesor de Piñera. Se descartan de antemano las planteadas por el departamento de Economía de la Universidad de Chile, defendidas entres otros por el economista Marcel Claude, que sostiene que para no ser pobre en chile se requiere al menos $ 130 000.- mensuales per capita, una cifra tres veces superior a la defiende el gobierno y casi el doble de la cifra del asesor de Piñera; también dejan de lado de antemano los $480 000.- que decía que necesitaba cada chileno para satisfacer su bienestar humano el PNUD (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas) en 1998.

Entre las dos opiniones técnico-válidas existe una diferencia de quince lucas.

No sorprende que el Gobierno y la oposición parlamentaria discutan por trivialidades, ni que se escuchen otros argumentos que los propios. Lo que sorprende es la vehemencia con la que se defienden mediciones absurdas, ya habiendo quedado en en ridículo.

La discusión no tiene que ver con guarismos sino que con conceptos: Qué entendemos por pobreza. ¿Ser pobre es ser no rico? ¿es vivir a medio morir saltando? ¿es vivir al estilo Haitiano?

Quince lucas no hace la diferencia: La no pobreza tanto para el gobierno como para la oposición parlamentaria consiste en comer y vestirse cristianamente. Los demás seremos clase media.

Se mide la pobreza según los criterios del siglo XIX aunque la riqueza se la actualiza cada día y nadie se conmueve con la opulencia existente ya que se la justifica con el progreso de la humanidad.

Qué duda cabe que la humanidad sólo ha progresado para algunos.

Y qué duda cabe que mientras quienes nos gobiernen sean aquellos que les cueste 15 lucas desayunar o comprarse unos calcetines, se preocuparan de mantener este escándalo a niveles controlables e inventaran religiones y terapias para soportar su existencia.

Una forma de vivir tan esquizoide que les permite decir que alguien no es pobre si gana mensualmente unas chauchas que a él no le alcanzarían ni para terminar el día.

El abogado Cristian Espejo, querellante en el caso Zacarach, declaró anteayer que iba a presentar documentos en Brasil que demostrarían que en Chile tuvo un proceso justo

Dicha "cuña" parece coherente en el apuro de los periodistas para vender la información. Pero, qué documento se puede presentar para certificar tal situación: ¿Uno expedido por nuestra Corte Suprema? ¿O por el Conservador de Bienes Raíces? ¿O uno del Sumo Pontífice Ratzinger?

Si tal certificado pudiera extenderse tendría que disputar su autoridad con bibliotecas enteras, publicadas tanto en el Mundo como en Chile, que afirman categóricamente lo contrario. El sistema procesal penal fue cambiado, entre otras cosas, por que el anterior (y del cual aún hay procesos pendientes) era y es un escándalo.

En ese proceso fue juzgado Zacarach.

Pero luego que Espejo aclarara quien extendió tal documento queda en evidencia una vez más el deplorable nivel de nuestros autóctonos picapleitos.

Y es que Espejo como buen Fascista (es el Abogado delalcalde Cristián Labbé) sólo está acostumbrado a las purgas más no a los argumentos.

Luego de haberse solazado gracias al papelón del gobierno, sintió la necesidad irrefrenable de empatar el marcador.

El documento que va presentar en Brasil es una declaración Notarial del Abogado Gustavo Merares, quien representó a Zacarach hasta Marzo de este año. En el documento afirma que Zacarach tuvo un debido proceso.

Sólo en Chile alguien puede anunciar el testimonio de un Abogado. Sólo en Chile alguien puede hacerlo sin que sea objeto de burlas.

Los testigos deben ser imparciales y haber presenciado los hechos; los abogados son parciales por definición y se dedican a distorsionar los hechos para beneficiar a sus patrocinados.

Pero Espejo cree que el testimonio de Pedrito acerca del Lobo le va servir de algo.

Luego del papelón del gobierno la oposición prepara su propio ridículo. Es que no quieren ser menos.

Los Brasileños pensaran que además de ser tan malos para el Fútbol, tan malos bailarines, con mujeres tan feas y desagradables, somos tontos como puertas.

La declaración de Menares si le sirve de algo es para probar que Zacarach no tuvo un debido proceso. Tanto así, que su propio Abogado defiende intereses contarios a la defensa.

Es Chile un país de trogloditas, dirán y con razón. Un pais en que nisiquiera es posible encontrar un abogado que nos defienda.

A alguno se le ocurrirá actuar en consecuencia y denunciar nuestro sistema criminal tal como lo hizo en su momento Venezuela, Argentina y Suiza; tal cómo ya lo decía el juez Garzón.

No sé si eso será mejor o peor para Zacarach. Pero puede que se gane unas largas vacaciones en el Mato Grosso mientras nuestros grandes jurisconsultos se titulan por centenas después de haber sido formados para estafetas como mucho.

Sólo podemos exportar materias primas, productos elaborados como los abogados son de muy mala calidad y sólo funcionan dentro de nuestros paupérrimos tribunales.